La principal bandera simbólica con la que Javier Milei llegó al poder empezó a mostrar señales claras de desgaste. La promesa de enfrentar a la denominada casta, que durante meses funcionó como núcleo de legitimidad política y moral del oficialismo, aparece hoy más debilitada frente a una opinión pública que empieza a simbolizar al Gobierno como esa continuidad de prácticas que decía venir a combatir. Los datos sobre economía doméstica terminan de darle cuerpo concreto a ese malestar: el 81,6% de los consultados reconoce que en los últimos seis meses tuvo que resignar algo para sostenerse, desde salidas, ocio o consumos no esenciales hasta compras habituales del hogar y, en los casos más delicados, gastos básicos como alimentos, salud o servicios.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que la percepción de corrupción en el gobierno de Javier Milei ya dejó de ser un tema lateral para convertirse en un factor central del desgaste oficialista. El dato más delicado para la Casa Rosada no es sólo que el 57,3% perciba corrupción generalizada en la gestión o que el 60,2% interprete las denuncias como parte de un problema general de gobierno, sino que esa lectura empieza a golpear directamente sobre la promesa con la que Milei construyó su legitimidad: la idea de venir a enfrentar a “la casta”. Cuando el 66,6% afirma que ese pacto se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometía combatir, lo que se erosiona no es únicamente la imagen de una administración, sino el núcleo simbólico que le daba sentido político a su discurso. En otras palabras, la sociedad empieza a percibir una contradicción entre el relato fundacional del mileísmo y la forma en que hoy se interpreta su ejercicio del poder.

Ese deterioro, además, no puede leerse sólo como un fenómeno opositor. La corrupción aparece como el principal desafío del país, incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, por encima del desempleo, la inflación o el salario, lo que muestra que el problema ya perfora al propio universo simbólico del mileísmo. Sin embargo, la manera de procesarlo sigue siendo distinta según el posicionamiento político: entre oficialistas todavía predomina una lectura que busca encapsular el problema en casos aislados y preservar parte de la excepcionalidad moral del Gobierno; entre opositores, en cambio, se consolida una mirada mucho más dura, donde la corrupción ya no aparece como desvío sino como rasgo de época del oficialismo. Esa diferencia revela dos cosas al mismo tiempo: que Milei todavía conserva un núcleo dispuesto a amortiguar el costo reputacional, pero también que por fuera de ese núcleo el veredicto social se volvió mucho más severo. Por eso, el problema de fondo para el Gobierno no es sólo el impacto coyuntural de las denuncias, sino que la bandera anticasta, que durante meses funcionó como fuente de autoridad moral y de tolerancia política frente al ajuste, empieza ahora a invertirse y a transformarse en un punto de vulnerabilidad.

En esa misma línea, el MOP muestra que la pérdida de credibilidad del Gobierno frente a los casos de corrupción no se agota en la percepción sobre hechos ya conocidos, sino que empieza a comprometer algo todavía más profundo: la confianza en su voluntad real de prevenirlos. El 66,6% de los consultados considera que la administración de Javier Milei no está comprometida con evitar hechos de corrupción, contra apenas un 32,2% que le reconoce algún grado de compromiso. Ese dato es políticamente delicado porque corre la discusión desde las denuncias puntuales hacia una sospecha más estructural sobre la forma de ejercicio del poder.

Ya no se trata de cuánto daño hacen los episodios concretos, sino de la sensación de que el Gobierno dejó de encarnar aquella promesa de limpieza institucional que fue uno de los núcleos de su construcción política. Cuando la percepción de lucha contra la corrupción empieza a desgastarse, también se erosiona uno de los blindajes simbólicos con los que el oficialismo venía amortiguando otros costos, especialmente los económicos. En ese contexto, el deterioro moral se superpone con el desgaste de gestión: cae la aprobación presidencial hasta el 33,1%, mientras crece la idea de que el pacto anticasta se rompió y que el Gobierno terminó pareciéndose a aquello que decía venir a combatir. Ahí aparece uno de los movimientos más sensibles del clima social actual: las denuncias no sólo afectan la imagen pública del oficialismo, sino que empiezan a tocar su zona más íntima, el núcleo identitario que lo diferenciaba del resto del sistema político.

A este desgaste por las denuncias de corrupción y por la ruptura del pacto anticasta se le suma, además, un malestar económico que Zentrix ya viene registrando en las mediciones previas y que en abril vuelve a aparecer con mucha fuerza en la vida cotidiana de los hogares. Los datos sobre economía doméstica terminan de darle cuerpo concreto a ese malestar: el 81,6% de los consultados reconoce que en los últimos seis meses tuvo que resignar algo para sostenerse, desde salidas, ocio o consumos no esenciales hasta compras habituales del hogar y, en los casos más delicados, gastos básicos como alimentos, salud o servicios.

El ajuste, así, dejó de ser una discusión abstracta sobre variables macroeconómicas para convertirse en una experiencia cotidiana de privación, donde una parte importante de la sociedad ya no está recortando excedentes, sino aspectos centrales de su vida diaria.

Sobre esa base material se monta buena parte del desgaste político que hoy exhibe la gestión de Javier Milei: cuando el 86,6% siente que su salario no le gana a la inflación y el 60,4% afirma que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes, la tolerancia social frente al ajuste empieza a depender cada vez más de la credibilidad del Gobierno. Y ahí es donde las denuncias por corrupción adquieren un efecto mucho más corrosivo: no irrumpen sobre una sociedad estable, sino sobre hogares que ya vienen haciendo esfuerzos, resignando consumos y administrando privaciones. En ese contexto, la percepción de que el Gobierno podría estar reproduciendo prácticas asociadas a la misma “casta” que prometía combatir termina agravando la decepción y trasladándola al plano de la evaluación política. Por eso, la caída en la aprobación no parece responder a un único episodio, sino a la combinación entre malestar económico cotidiano y pérdida de autoridad moral, una mezcla que ayuda a explicar por qué la desaprobación viene creciendo sostenidamente desde febrero.

INDEC

En abril, la distancia entre la economía que informa el INDEC y la economía que viven los hogares volvió a ampliarse. El 70,3% de los consultados considera que el dato oficial de inflación no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, un salto importante respecto de enero, cuando esa mirada alcanzaba al 56,4%, el valor más bajo de la serie. No se trata sólo de una discusión sobre metodología o sobre cómo se construye un índice: lo que aparece es una crisis de validación social del dato público. Cuando la inflación oficial deja de coincidir con la sensación cotidiana de encarecimiento, el problema deja de ser estadístico y pasa a ser político, porque se debilita la confianza en una de las referencias centrales con las que el Gobierno busca reforzar el debate económico.

Esa desconfianza encuentra una explicación concreta en el bolsillo. El 86,6% afirma que su salario no le gana a la inflación, el peor registro de toda la serie reciente, por encima del 74,7% de enero y del 83,9% de marzo. Ahí está el núcleo del problema: la sociedad no compara el dato oficial con una abstracción, sino con el resultado material que deja en la vida diaria. La inflación ya no se mide en decimales, sino en cuánto dura el ingreso, cuánto margen queda después de pagar lo básico y hasta qué fecha del mes se puede sostener el consumo habitual. Por eso, cuando el índice baja, pero el salario sigue sin recomponer poder de compra, el dato pierde capacidad de persuadir. El número oficial puede ordenar la macro, pero si no corrige la experiencia real del hogar, deja de ser creíble para una mayoría social.

El punto se vuelve todavía más delicado porque esa desconfianza no aparece aislada, sino en una sociedad que ya viene recortando gastos y ajustando hábitos de consumo. En informes anteriores, Zentrix ya había mostrado que el deterioro de los ingresos y la necesidad de resignar consumos empujaban a los hogares a una lógica cada vez más defensiva.

En abril, esa tendencia no se revierte: el 60,4% dice que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes, y el clima general sigue marcado por la sensación de pérdida. En ese contexto, el dato del INDEC deja de funcionar como una herramienta de representación de la realidad y empieza a leerse, para una parte creciente de la sociedad, como una cifra que no captura el verdadero ritmo al que se encarece la vida. La brecha, entonces, no es sólo entre inflación oficial e inflación percibida, sino entre la narrativa económica del Gobierno y la experiencia concreta de los hogares.

También hay una dimensión política más fina en esta lectura. Entre quienes votaron al oficialismo en 2025, una amplia mayoría sostiene que su salario no le gana a la inflación, aunque conserva una lectura más tolerante del presente; entre los opositores, en cambio, la percepción negativa sobre el ingreso es prácticamente unánime.

Eso sugiere que el dato oficial todavía puede ser parcialmente amortiguado por la identidad política, pero ya no alcanza para neutralizar el malestar material. La conclusión de fondo es que la inflación erosiona ingresos y también erosiona confianza. Y cuando la mayoría siente que el salario pierde, que el mes se hace más largo y que la referencia oficial no expresa lo que efectivamente ocurre en la góndola, en los servicios o en el gasto cotidiano, lo que se debilita no es sólo la credibilidad del índice, sino también la capacidad del Gobierno para convertir ese índice en prueba social de mejora.

Imágenes políticas

En abril, la imagen de Javier Milei profundiza su deterioro y entra en una fase más delicada: la positiva cae al 35,2%, la negativa trepa al 59,3% y el diferencial se vuelve claramente adverso, con 24 puntos en contra. El dato político más relevante no es sólo la magnitud de esa brecha, sino la velocidad del cambio: hace apenas dos meses la imagen presidencial se movía en una zona de virtual empate, y hoy aparece plenamente corrida hacia terreno negativo. Ese desplazamiento sugiere que el Presidente empieza a absorber de manera más directa el costo acumulado del malestar social.

Por un lado, pesa el empeoramiento de la microeconomía de los hogares, ya desarrollado en el informe, que reduce la tolerancia frente al ajuste cuando el deterioro deja de ser promesa de transición y se vuelve experiencia cotidiana. Por otro, se suma un desgaste político y moral cada vez más visible: las denuncias de corrupción en la gestión, la ruptura del relato anticasta y la creciente sensación de que el Gobierno nacional no controla adecuadamente esos desvíos erosionan uno de los principales activos simbólicos con los que Milei construyó su liderazgo. En ese cruce entre frustración material y decepción moral aparece una clave central de abril: ya no se resiente sólo la evaluación de la gestión, sino también la figura presidencial como síntesis política de ese proceso.

Por su parte, Axel Kicillof muestra una recuperación relevante de imagen y logra salir del momento más débil de la serie reciente. Luego de haber tocado en febrero un piso de 30,5% de imagen positiva, en la medición actual cruza nuevamente la barrera de los 40 puntos y alcanza el 40,2%, mientras la negativa retrocede al 50%. El dato no alcanza todavía para hablar de una consolidación plena, pero sí marca un cambio de tendencia políticamente significativo: en un contexto de creciente descontento con el Gobierno nacional, Kicillof empieza a capitalizar parte de ese malestar como una referencia opositora. Su mejora parece nacer de un corrimiento del humor social frente al desgaste del oficialismo, en una coyuntura donde la microeconomía de los hogares sigue bajo presión y la percepción sobre la situación del país continúa siendo crítica. En ese escenario, Kicillof empieza a afirmarse como una de las figuras opositoras con mayor capacidad para canalizar ese descontento y consolidarse como referencia alternativa frente al Gobierno nacional.

En cambio, Manuel Adorni aparece como una de las figuras más castigadas del oficialismo, con una imagen negativa que trepa al 73,9%, un nivel excepcionalmente alto incluso para un escenario de fuerte polarización. Su desgaste parece estar directamente vinculado a la centralidad que ocupó en las semanas recientes, tanto por su nivel de exposición pública como por las denuncias vinculadas a posibles hechos de corrupción, un terreno especialmente sensible para un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de enfrentar a “la casta”.

A eso se suma una percepción de explicaciones insuficientes frente al tema, lo que profundiza la idea de opacidad y termina agravando el costo político. Pero el problema no se agota en su figura: al tratarse de uno de los voceros más visibles y de un engranaje central del dispositivo político y comunicacional de Javier Milei, su deterioro no parece quedar encapsulado, sino que empieza a proyectarse sobre la propia imagen y la aprobación del Gobierno nacional, reforzando la sensación de desgaste del núcleo más expuesto del oficialismo.

Mientras tanto, Patricia Bullrich logra sostener una imagen positiva relevante y muestra una resistencia mayor al desgaste que hoy afecta a otras figuras del oficialismo. Con un 40,1% de valoración positiva frente a un 54,8% de negativa, su perfil aparece como menos golpeado por la coyuntura inmediata, algo que puede leerse en relación con el lugar político que ocupa: desde el Poder Legislativo, su figura parece quedar más asociada a una idea general de orden, autoridad y cambio que a la gestión cotidiana del Gobierno. En ese marco, ni los problemas de la microeconomía ni las denuncias vinculadas a posibles hechos de corrupción parecen impactarla del mismo modo que a los rostros más expuestos del oficialismo nacional. Más que como ejecutora directa del presente, Bullrich sigue siendo leída por una parte del electorado como una expresión política de rumbo, firmeza y transformación, lo que le permite preservar mejor su capital simbólico en un contexto general de desgaste.

Por último, Myriam Bregman aparece como una de las novedades más significativas del escenario político: en un contexto de ajuste, decepción frente al relato oficial y creciente fatiga moral con el Gobierno, su figura comienza a expandirse como canal de un malestar que ya no busca sólo alternancia, sino también confrontación abierta con Milei. Con 47,3% de imagen positiva y 42,4% de negativa, es la única de las figuras medidas en esta encuesta que presenta diferencial favorable, un dato políticamente relevante porque sugiere que el descontento no está siendo capitalizado únicamente por perfiles opositores más institucionales, como el de Axel Kicillof, sino también por referencias mucho más nítidas en su antagonismo con el oficialismo. En otras palabras, a medida que se desgasta la promesa anticasta, junto con la credibilidad moral del Gobierno y la paciencia social frente al ajuste, empieza a ensancharse el espacio para figuras que cuestionan la gestión y que objetan de manera frontal el rumbo político, económico y simbólico del mileísmo.

Sobre el estudio

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), un estudio desarrollado desde Zentrix Consultora con el propósito de relevar percepciones políticas y económicas de la población residente en la Argentina. El relevamiento, correspondiente a la medición de abril incluyó 1.559 casos válidos con cobertura nacional. Fue realizado mediante un diseño muestral ponderado por región y edad según el último padrón electoral. La recolección de datos se efectuó a través de un cuestionario autoadministrado en línea, con difusión controlada y posterior depuración de registros inválidos. Se aplicaron mecanismos de validación mediante variables externas (como el voto declarado en el balotaje presidencial de 2023 y las elecciones legislativas de octubre de 2025), y los resultados fueron ajustados para garantizar representatividad nacional. Bajo estas condiciones, el margen de error teórico se estima en ±2,48%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.