Por estos días, dos novedades trascendieron el ámbito del Poder Judicial y ocuparon buena parte de la opinión pública, luego de que el cuestionado camarista de Esquel, Claudio Petris, fuera suspendido por el Consejo de la Magistratura, en el marco del sumario iniciado sobre el juez por el presunto delito de enriquecimiento patrimonial, maniobras financieras irregulares, conflicto de intereses, inconducta personal grave y abuso de poder.

A la interminable serie de eventos desafortunados en el ámbito judicial, recientemente se le sumó la denuncia presentada por el ex defensor general alterno, Alfredo Pérez Galimberti, contra el juez -también de Esquel- Carlos Richeri, por presunto mal desempeño que habría vulnerado la "idoneidad ética y técnica" que la investidura demanda.

¿De qué se acusa a Richeri? El primer punto está relacionado con un hecho que recorrió medios nacionales, luego de que el magistrado fuera cuestionado por haber utilizado inteligencia artificial para la redacción de un fallo judicial; y en segundo orden, advierten que el juez habría montado una academia de estudios, actividad comercial incompatible con su cargo.

El caso Petris

Luego de varios meses de investigación, el Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura resolvió suspender a Claudio Petris por cuatro meses, en virtud de las pruebas que se habrían recabado y que sustentarían la acusación por los delitos de "enriquecimiento patrimonial", "maniobras financieras irregulares", "abuso de poder", "conflicto de intereses" e "inconducta personal grave".

La lupa fue puesta sobre el juez de Cámara de Esquel por un incremento patrimonial desmedido en las últimas décadas, incluso no justificado, como así también por el ocultamiento de la titularidad de -al menos- ocho inmuebles, y el uso de familiares, presuntos testaferros y "palos blancos" para inscribir bienes.

Petris es acusado de haber presuntamente intervenido en una causa de familia que involucraba al ex futbolista Aldo Pedro Duscher, con quien mantenía un vínculo de amistad, sin haberse excusado; y también es señalado por haber fallado a favor de su médico personal en un amparo.

A la batería de denuncias también se le añadió el testimonio de un hombre que dijo haber sufrido situaciones de acoso y abuso sexual por parte del magistrado a cargo de la Cámara de Apelaciones de Esquel, conjuntamente con episodios de supuestas amenazas y coerciones.

Tras la suspensión, el pedido de destitución de Petris subyace en el egregor del Consejo de la Magistratura, mientras avanza la investigación penal por los delitos mencionados: un botón rojo que, tarde o temprano, alguien podría oprimir.

Richeri: uso de IA y actividades comerciales

Carlos Richeri supo ser un referente en materia de ciberdelitos, durante su paso como fiscal general a cargo del Equipo de Cibercrimen de la Fiscalía de Esquel. Posteriormente, fue designado juez penal de Garantías del Colegio de Jueces Penales dela localidad.

El magistrado intervino en varios procesos judiciales resonantes, entre ellos el juicio por el ataque incendiario al Diario El Chubut, donde ofició como juez subrogante y finalmente absolvió a los integrantes del MTE Jonathan Andrés Luna Almada, Walter Eduardo Medina, Víctor Emanuel Cotut y Marcos Willipan, por el delito de "estrago doloso", fallo que generó un cimbronazo en el ámbito del periodismo independiente.

Con experiencia acreditada en derecho penal, cibercrimen y tecnología aplicada a la Justicia, el magistrado fue denunciado por haber utilizado inteligencia artificial para la redacción de uno de sus fallos, y por haber montado un emprendimiento digital para dar clases particulares a abogados en materia forense.

Los denunciantes son Alfredo Pérez Galimberti, José Raúl Heredia y Federico Ruffa: los dos primeros, férreos opositores a la eliminación de los fueros de inmunidad en los tres poderes del Estado, ratificada por la ciudadanía de la provincia en un plebiscito que arrasó con más del 60% de los votos durante las elecciones de medio término de este año, y que se constituyó como el gran triunfo impulsado por la gestión del gobernador Ignacio Torres para la horizontalidad en materia de deberes y derechos.

El tercer denunciante, Federico Ruffa, supo oficiar como vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew durante la gestión de Jorge Lincheo, previo a la intervención de la entidad que, al día de hoy, continúa.

A Richeri se lo acusa de vulnerar la "idoneidad ética y técnica" que su cargo exige, e incluso de haber montado una "academia" con fines comerciales, algo que sería incompatible con su función de juez. También, los denunciantes advirtieron una conducta errática del juez, cuando irónicamente se burló de camaristas a través de las redes sociales, cuando estos le anularon un fallo que había emitido.

Heredia, Ruffa y Pérez Galimberti acusaron a Richeri de haber montado "una verdadera empresa comercial, una academia privada de enseñanza de destrezas forenses y al asesoramiento profesional de abogados y funcionarios judiciales”, en relación a dos páginas web en las que el juez dictaría clases particulares a abogados utilizando grabaciones que facilita a cambio de tarifas diferenciales. También, advierten que el juez brinda cursos online que se pueden comprar en "combo" o separados de las clases grabadas. Las páginas en cuestión son Neolitigantes (academy.tiendup.com) y neolitigantes.academy.

En su exposición, los denunciantes indicaron que Richeri "publicita cursos, clínicas de casos y workshops (con intervenciones en vivo) dictados por él mismo, con el objeto de enseñar a desarmar y resolver casos, especialmente los casos reales que tienen en trámite los participantes”.

El Poder Judicial, en perspectiva

Con los casos de Petris y Richeri dominando el terreno de la opinión pública, el Poder Judicial nuevamente es puesto en perspectiva y obligado a mirar hacia adentro, en el marco de la honorabilidad que se le exige a los magistrados y que, en el último tiempo, parecería ser un horizonte lejano solo alcanzado por aquellos funcionarios que optan por cultivar un bajo perfil y llevar adelante la ardua tarea de fortalecer el servicio de Justicia en toda la provincia.