La consejera instructora del Consejo de la Magistratura, Mabel del Mármol, concluyó este lunes el dictamen con la solicitud de un jury de enjuiciamiento contra el juez Claudio Petris, en el marco del sumario por el que el camarista esquelense había sido investigado, a partir de la presunta comisión de graves delitos.

La integrante del órgano judicial que evalúa el desempeño de los jueces, además propuso su suspensión preventiva junto con la retención del pago de sus haberes, en un documento que luego fue elevado al pleno del Consejo para que continúe el desarrollo de la causa.

De acuerdo al dictamen, al Petris se le lo acusa de "enriquecimiento patrimonial" y "maniobras financieras irregulares", además de los presuntos delitos de "abuso de poder", "conflicto de intereses" e "Inconducta personal grave".

La Comisión de Admisibilidad del Consejo de la Magistratura había analizado, durante las últimas semanas, la denuncia realizada por el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, en contra del magistrado.

Dicha denuncia surge a partir de una investigación de oficio iniciada por el Ministerio Público Fiscal (Caso N.° 145.262 MPF) de Comodoro Rivadavia, a raíz de la publicación de un medio sobre el magistrado, la cual destapó una batería de presuntos delitos cometidos por el funcionario judicial, entre ellos abuso sexual, irregularidades patrimoniales, amenazas y coerción.

Según la exposición de la Comisión de Admisibilidad designada para tratar el caso, integrada por Lucía Pettinari, Giovana Taurelli, Paula Cardozo y Estefanía Alejo, la denuncia radicada por Meiszner “refiere la gravedad institucional de tener un juez denunciado por distintos hechos que configurarían, según su criterio, delitos contra bienes jurídicos diversos”, además de que “resalta el carácter de la investigación, que es de oficio, lo cual refuerza el interés público comprometido en el caso”.

El documento indica que la investigación periodística por la cual el MPF inició una causa “expuso presuntas irregularidades cometidas por el juez denunciado, incluyendo ocultamiento de bienes, inscripción de propiedades a nombre de familiares, uso de documentación ajena para registrar automóviles de alta gama, y vínculos con causas judiciales que podrían haber generado conflictos de intereses o contraprestaciones indebidas”.

Al ocultamiento patrimonial por parte del juez de 64 años a través de terceras personas, se suma la posesión de “al menos ocho inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, terrenos en la ciudad de Esquel, vehículos de lujo y embarcaciones no declaradas formalmente”, lo que implicaría un serio problema con el fisco.

También, al magistrado de Esquel se lo acusa de “uso de la identidad de una persona que no tendría capacidad económica para registrar un automóvil Mini Cooper a su nombre, que habría pertenecido a un exfutbolista vinculado a causas resueltas por el propio magistrado en ejercicio de sus funciones”, y la “presunta posesión de bienes registrables relacionados con el mismo exjugador, quien los habría adquirido o habría tomado posesión, a través de actos poco transparentes”.